ID: HR25-500
Presenting author: Diego Arturo Jiménez Padilla
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Licenciado en gestión pública y políticas globales por el ITESO e investigador en política de drogas y derechos humanos en Elementa DDHH
El impacto de la crisis de sobredosis en los derechos humanos de las personas que habitan calle y consumen drogas en Baja California, México
Diego Arturo Jiménez Padilla
Desde Elementa DDHH hemos llevado a cabo una investigación para explorar la intersección entre la vida en la calle y el consumo de drogas en Tijuana y Mexicali, Baja California. El aumento en el flujo de fentanilo hacia el norte ha transformado el mercado ilícito de drogas, afectando especialmente a las personas consumidoras en las zonas fronterizas. Este estudio busca visibilizar la extrema segregación y violencia que enfrentan quienes viven en la calle y consumen drogas en Baja California, con el objetivo de influir en la creación de políticas públicas que respeten los derechos humanos.
Nuestra metodología incluyó solicitudes de acceso a información pública, recopilación de documentos y análisis de políticas locales dirigidas a esta población. También recopilamos testimonios de personas que viven en la calle y consumen drogas, así como de expertos y trabajadores de organizaciones de la sociedad civil que brindan servicios de reducción de daños.
Los hallazgos revelan que, a pesar del aumento en las sobredosis el Estado ha implementado prácticas que, en lugar de atender a la población, buscan desplazarla del espacio público a través de la criminalización del consumo y la privación ilegal de libertad para internamientos forzosos. Además, la crisis de violencia, el incremento de desapariciones y la falta de servicios de salud y reducción de daños han convertido a quienes usan drogas y viven en situación de calle en una de las poblaciones más vulnerables, en un contexto nacional caracterizado por la desregulación de los centros privados de rehabilitación.
Como resultado del estudio, presentamos una serie de recomendaciones a las autoridades federales, locales y municipales con el fin de asegurar el respeto y garantía de los derechos humanos de las personas habitantes de calle que usan drogas en las ciudades de Mexicali y Tijuana.