Comunicadora social con mención en Desarrollo y estudiante de Derecho. Experta en estrategias comunicacionales y activista por los Derechos Humanos en políticas de drogas y género, promueve la regulación del cannabis y sustancias psicoactivas en Ecuador desde un enfoque de reducción de riesgos y justicia social.

Las organizaciones de base comunitaria desempeñan un rol fundamental en la reducción de daños con estrategias y narrativas feministas frente a la violencia, puesto que brindan un espacio de apoyo mutuo, comprensión y solidaridad desde una perspectiva horizontal y de cuidado. Organizaciones que, no solo implementan herramientas de educación comunitaria y protección frente a las políticas punitivas sino que también promueven el empoderamiento de derechos de las personas usuarias; respetando sus condiciones propias, su autonomía y dignidad.
Exponemos así el trabajo de la Acción Antiprohibicionista Ecuador, que es una colectiva de base comunitaria, compuesta por compañeras de Quito y Guayaquil; usuarias y activistas por políticas de drogas con perspectiva de género. Desdela resistencia a las situaciones sistémicas de guerra y desigualdad más allá del mismo consumo, proponemos la defensa y resignificación del cuerpo-territorio como ese espacio base de nuestra autonomía para reducir riesgos y daños, frente a la prohibición. Siendo el cuerpo el primer ámbito de defensa, se vuelve fundamental en la idea de comunidad, donde la protección de la tierra, naturaleza y del territorio impulsan tanto la vida como la acción colectiva. La que se vuelve trinchera de cuidado frente a la criminalización de nuestras poblaciones; mediante la defensa del autocultivo, la edu-comunicación en salud y derechos, así como la práctica sanadora de danzas de empoderamiento femenino.
Un aspecto crucial de este trabajo de base comunitaria es su enfoque decolonial, especialmente en nuestro contexto del sur global en donde el trabajo integral de pares —donde las personas con experiencias compartidas lideran y apoyan a sus comunidades— desafiando las jerarquías tradicionales y promoviendo una redistribución del poder en los procesos de toma de decisiones sobre la salud y el bienestar colectivo así como las posibilidades de articular la reducción de daños de manera interseccional con otras poblaciones históricamente afectadas.